Dirigir la estrategia legal de RECOPE: lecciones de energía

Hay una fotografía mental que conservo de mis años dirigiendo la estrategia legal de RECOPE, y no es la de una sala de audiencias ni la de una firma solemne. Es la de una madrugada cualquiera, con el precio internacional del crudo moviéndose en una pantalla, un contrato de suministro de varios cientos de millones de dólares esperando criterio, y la certeza incómoda de que cualquier cosa que yo firmara al día siguiente sería leída, tarde o temprano, por un diputado, un periodista y un contralor. Ese es el oficio. No el de tener razón, sino el de sostenerla frente a tres tribunales distintos que juzgan con reglas distintas.

Fui Director Jurídico de la Refinadora Costarricense de Petróleo en dos periodos. Escribo de aquello con la discreción que el cargo impone y que el tiempo no deroga: no hay aquí nombres de contrapartes privadas ni detalle que pertenezca al expediente reservado de nadie. Lo que sí puedo ofrecer, porque es mío y porque creo que sirve, son las lecciones. Las que aprendí a golpes, casi todas.

Qué significa dirigir la estrategia legal de la empresa nacional de energía

Dirigir la estrategia legal de una empresa como RECOPE significa aceptar que el derecho, cuando toca al Estado, nunca camina solo. En un despacho privado uno defiende un interés y lo defiende hasta el final. En la empresa nacional de energía el interés que uno defiende es, por definición, discutible: es el interés público, y el interés público tiene la peculiaridad de que todos creen conocerlo y casi nadie lo puede definir con precisión el mismo día.

El monopolio de la importación, refinación y distribución mayorista de combustibles no es un privilegio cómodo. Es una responsabilidad que se paga en exposición. Cada centavo del margen se discute en público, cada contrato se audita, cada decisión se lee en clave política antes que en clave jurídica. Aprendí pronto que mi función no era ganar discusiones, sino construir decisiones que resistieran ser miradas por gente que no me quería bien. El abogado interno de una entidad así no redacta para convencer a un juez amable; redacta para el juez hostil que todavía no conoce el caso.

El peso de tener a la Junta Directiva como interlocutor

El interlocutor permanente del abogado en una entidad pública es la Junta Directiva, y esa relación es más delicada de lo que parece desde afuera. La Junta no es mi cliente en el sentido en que lo es un particular que paga honorarios y puede aceptar o rechazar mi consejo con libertad. Tampoco es un juez. Es un cuerpo colegiado que decide bajo escrutinio, que responde con su patrimonio y a veces con su libertad, y que necesita del criterio jurídico algo muy concreto: que su decisión, sea cual sea, quede blindada.

Escribí muchos criterios legales en esos años. Los mejores no fueron los más brillantes, sino los más honestos. Un dictamen que solo dice lo que la Junta quiere oír es una trampa de acción retardada; estalla dos años después, cuando el proyecto ya no se puede desandar y la responsabilidad ya tiene nombre. Aprendí a decir que no por escrito, con fundamento, aun cuando el no fuera impopular en la sala. Un directivo me lo agradeció años después, ya fuera de todo cargo. Otros no me lo agradecieron nunca. Con eso también se vive.

La tensión entre lo jurídico, lo político y lo técnico

El sector energético obliga a litigar en tres idiomas a la vez, y esa es la tensión de fondo de todo el oficio. Está lo jurídico, que es mi terreno. Está lo político, que se mueve por elecciones, coyunturas y presiones que no aparecen en ningún código. Y está lo técnico, que es implacable: una válvula, una especificación de calidad del combustible o una fórmula de precios no negocian, no transan, no entienden de matices.

El error del abogado joven, y lo fui, es creer que lo jurídico manda sobre las otras dos capas. No manda. Las ordena. Aprendí a sentarme con los ingenieros antes que con los directores, porque un contrato energético que ignora la realidad técnica es una obra de ficción bien redactada. Y aprendí a leer la temperatura política de un asunto no para plegarme a ella, sino para anticipar dónde iba a estallar. La independencia del criterio jurídico no consiste en ignorar la política; consiste en no dejarse escribir el dictamen por ella.

• Lo jurídico define qué se puede hacer y bajo qué forma; es el marco, no el motor.
• Lo técnico define qué es físicamente posible y seguro; no admite negociación y siempre gana al final.
• Lo político define qué es viable en el tiempo y con qué costo de legitimidad; se anticipa, no se obedece.

Indemnizaciones y contratos internacionales de gran cuantía

En los contratos internacionales de gran cuantía, la lección central es que el riesgo se administra antes de firmar, nunca después. Cuando se negocia el suministro de hidrocarburos con contrapartes extranjeras, el papel donde se juega la partida no es la cláusula de precio, que todos miran, sino las cláusulas que casi nadie lee en voz alta: la ley aplicable, el foro, el mecanismo de solución de controversias, las fuerzas mayores, los ajustes por calidad.

Aprendí a temerle al arbitraje internacional con el respeto que se le tiene a algo caro y lento. Un Estado, o una empresa pública, que llega mal preparado a un tribunal arbitral no pierde solo un caso: pierde reputación de contraparte seria, y esa reputación se cobra en el precio del contrato siguiente. Las indemnizaciones de gran cuantía enseñan humildad. Enseñan que una cláusula ambigua redactada un viernes por la tarde puede costar, años después, más de lo que ahorró toda una gestión. Por eso llegué a creer que el buen abogado de energía es, sobre todo, un buen pesimista organizado: alguien que redacta imaginando el día en que todo salga mal, porque ese día llega.

La regulación de ARESEP y el interés público

La regulación de ARESEP no es un obstáculo externo al negocio energético: es su columna vertebral, y quien la trata como un trámite termina litigando lo que pudo haber prevenido. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos fija las tarifas y el margen bajo el principio de servicio al costo, y ese principio ordena toda la lógica económica de la empresa. Discutir un ajuste tarifario ante ARESEP no es un pleito más; es la conversación estructural de la que depende la sostenibilidad de la operación.

Aprendí a preparar los estudios que sustentan una petición tarifaria con el mismo cuidado con que se prepara una prueba pericial en juicio, porque en el fondo lo son. El interés público, esa noción esquiva, se vuelve aquí concreto y medible: es el precio que paga el ciudadano en la bomba. Defender a la empresa ante el regulador y defender el interés público no son, bien entendidos, tareas opuestas. La empresa pública que se olvida de eso pierde primero legitimidad y después, inevitablemente, los tribunales.

Lecciones transferibles a cualquiera que enfrente al Estado o sea el Estado

Lo que aprendí adentro sirve para cualquier empresa o institución que enfrente al Estado o que, siendo Estado, deba comportarse con la disciplina de un particular responsable. La primera lección es de altura: quien negocia o litiga con el Estado no enfrenta a un adversario único y racional, sino a una superposición de capas que deciden con lógicas distintas, y hay que hablarles a todas.

1. 01Documente para el escrutinio, no para el archivo: escriba cada decisión importante imaginando que la leerá quien más desconfía de usted.
2. 02Distinga el consejo del deseo: al cliente institucional se le sirve diciéndole lo que necesita oír, no lo que quiere, y por escrito.
3. 03Administre el riesgo antes de firmar: en los grandes contratos, la previsión pesa más que la elocuencia y la ambigüedad siempre se paga con intereses.
4. 04Trate al regulador como parte del negocio y no como un peaje; la sostenibilidad regulatoria es la sostenibilidad, a secas.

Salí de RECOPE con más cicatrices que trofeos, y no me quejo. El derecho de energía me enseñó que la solidez de un abogado no se mide en los casos que gana, sino en los que evita, en los contratos que no estallan y en las decisiones que, diez años después, siguen de pie porque estaban bien construidas. Sigue siendo, para mí, la forma más honesta de ejercer: la de quien redacta pensando en el juez hostil, en el auditor severo y en el ciudadano que paga la factura, y logra que los tres, alguna vez, le den la razón.